EL DERECHO ADMINISTRATIVO FRENTE AL ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIONES.

Comentarios al laudo arbitral Philip Morris Brands Sàrl y otros vs. Uruguay

  • José Ignacio Hernández G.

Resumen

INTRODUCCIÓN. El 8 de julio de 2016 un Tribunal Arbitral constituido en el marco del Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), decidió el reclamo presentado por la empresa Philip Morris Brands Sàrl y otros en contra de Uruguay (CIADI No. ARB/10/7).


El reclamo se basó en diversas denuncias de violación del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) celebrado entre Uruguay y Suiza en 1988, derivadas de la regulación para el control sobre el tabaco dictada por Uruguay. En concreto, las denuncias partieron de dos medidas adoptadas por Uruguay: (i) la prohibición de comercializar más de una variedad de cigarrillo (la exigencia de presentación única) y (ii) la obligación de colocar advertencias sanitarias en el empaque, equivalentes al ochenta por ciento (regulación del 80%). Ambas medidas fueron adoptadas por medio de actos dictados por el Poder Ejecutivo, o sea, actos administrativos. El laudo arbitral de 8 de julio de 2016 desestimó las denuncias formuladas por la empresa tabacalera, al considerar que se trataba de medidas ajustadas al TBI, las cuales respondían al ejercicio razonable del poder del Estado para intervenir en la economía.


Se trata de una de las decisiones más importantes dictadas en uno de los temas que genera mayor preocupación en el arbitraje internacional de inversiones: el reconocimiento de límites al poder de revisión del arbitraje derivados del margen de deferencia que debe reconocerse a la soberanía del Estado sede de la inversión para intervenir en la economía, esto es, el llamado «derecho a regular».


Asimismo, este laudo pone en evidencia cómo los casos resueltos por el arbitraje internacional de inversiones responden típicamente a controversias derivadas de la actividad de limitación que el Poder Ejecutivo del Estado sede ejerce sobre el inversor. Ello aconseja valorar a ese arbitraje desde una perspectiva más amplia, que tome en cuenta, dentro de las fuentes de Derecho Internacional aplicables, a los principios generales de Derecho Administrativo, de conformidad con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.


El propósito de este breve ensayo es analizar el citado laudo de 8 de julio de 2016, pero desde la perspectiva antes referida, es decir, desde la relación que debe existir entre el arbitraje internacional de inversiones y el Derecho Administrativo. A tal fin, el presente ensayo se dividirá en dos partes. En la primera se exponen las razones por las cuales el arbitraje internacional de inversiones tiene que valorarse desde el Derecho Administrativo Global, tomando en cuenta los principios generales de Derecho Administrativo. La segunda parte estudia el problema de la deferencia hacia el Estado sede, desde la mencionada perspectiva del Derecho Administrativo. Ambas partes se expondrán, principalmente, tomando en cuenta el citado laudo de 8 de julio de 2016.

Palabras clave

Biografía del autor

José Ignacio Hernández G.

Doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Derecho Administrativo, Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica Andrés Bello. Director del Centro de Estudios de Derecho Administrativo, Universidad Monteávila. Investigador Visitante, Georgetown University.

Publicado
2016-12-01
Como citar
HERNÁNDEZ G., José Ignacio. EL DERECHO ADMINISTRATIVO FRENTE AL ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIONES.. Revista Derecho Público, [S.l.], n. 50, dic. 2016. ISSN 2301-0908. Disponible en: <http://www.revistaderechopublico.com.uy/ojs/index.php/Rdp/article/view/35>. Fecha de acceso: 23 abr. 2024
Sección
Jurisprudencia