ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE TORTURA, TRATO
CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE EN LA
SENTENCIA “IV VS. BOLIVIA” DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
ANALYSIS OF THE CONCEPT OF TORTURE, CRUEL,
INHUMAN AND DEGRADING TREATMENT OR
PUNISHMENT IN JUDGMENT «IV VS. BOLIVIA» OF THE
INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ANÁLISE DO CONCEITO DE TORTURA, TRATAMENTO
CRUEL, DESUMANO E DEGRADANTE NA SENTENÇA “IV
VS. BOLÍVIA” DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS
Victoria Pasquet
*
RESUMEN. El presente trabajo tiene como objetivo analizar
los conceptos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degra-
dantes, expuestos por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante, CIDH) en su Sentencia dictada en el
caso “I.V. vs. Bolivia”, de fecha 30 de noviembre de 2016. A
tales efectos, se formulará una breve introducción acerca del
concepto de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradan-
tes, para luego efectuar una síntesis acerca de las conceptua-
lizaciones de tales términos en la jurisprudencia de la CIDH.
Posteriormente, se desarrollará el concepto de tortura y malos
tratos del que parte la Sentencia aludida, a la luz del contexto
aportado y de las posibles implicancias y consecuencias en fu-
turas interpretaciones de los términos.
PALABRAS CLAVE. Derechos humanos. Tortura. Trato cruel,
inhumano y degradante. CorteIDH. Esterilización forzosa. Vi-
olencia de género.
* Doctora en Derecho. Correo electrónico: vpasquetmartinez@gmail.com
118 | REVISTA DE DERECHO PÚBLICO - AÑO 30 - NÚMERO 59 - NOVIEMBRE 2021
ABSTRACT. This paper aims to analyze the concepts of tor-
ture, cruel, inhuman and degrading treatment, exposed by
the Inter-American Court of Human Rights in its Judgment
issued in the case under the notation “I.V. vs. Bolivia”, dated
November 30, 2016. To this end, a brief introduction regard-
ing the concept of torture and cruel, inhumane, and degrading
treatment will be exposed; followed by a synthesis of the con-
ceptualizations of such terms in the case law of the IACHR,
and an analysis of the concept of torture and ill-treatments
implied in the aforementioned Judgment, in the light of the
context that was provided and considering the possible im-
plications and consequences in future interpretations of the
terms.
KEYWORDS. Human rights. Torture. Cruel, inhuman and de-
grading treatment. Inter-American Court of Human Rights.
Forced sterilization. Gender violence.
RESUMO. O presente trabalho tem como objetivo analisar os
conceitos de tortura, tratamento cruel, desumano e degradan-
te, expostos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos
em sua Sentença proferida no caso “I.V. vs. Bolívia”, datada de
30 de novembro de 2016. Para isso, se apresentará uma bre-
ve introdução sobre o conceito de tortura e tratamento cruel,
desumano e degradante e, em seguida, uma síntese sobre as
conceituações de tais termos na jurisprudência da CIDH. Pos-
teriormente, será desenvolvido o conceito de tortura e maus-
-tratos a partir do qual se inicia a citada Sentença, à luz do
contexto apresentado e das possíveis implicações e conse-
quências em futuras interpretações dos termos.
PALAVRAS-CHAVE. Direitos humanos. Tortura. Tratamento
cruel, desumano e degradante. CorteIDH. Esterilização força-
da. Violência de gênero.
I. INTRODUCCIÓN
El concepto de tortura ha variado y evolucionado con el tiempo. En palabras
del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, Juan E. Méndez, “tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE TORTURA, TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE... / PASQUET | 119
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmaron que la definición de
la tortura era continuamente objeto de revisión a la luz de las condiciones actuales y
los valores en evolución de las sociedades democráticas” (Méndez, 2013).
Hoy por hoy, existe acuerdo internacional respecto de que la prohibición de
la tortura y de los malos tratos es una norma de ius cogens, de manera que la
interdicción no admite pacto en contrario ni suspensión alguna, bajo ninguna
circunstancia (Villán Duran, 2004). Sin embargo, su definición respectiva no es
unánime, ni –como se ha adelantado – se ha mantenido incambiada con el paso
del tiempo.
A nivel universal, el primer instrumento en plasmar la necesidad de erradi-
car los vejámenes aludidos fue la Declaración Universal de Derechos Humanos,
de 10 de diciembre de 1948, en su artículo 5: “Nadie será sometido a torturas ni
a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Ya con fuerza vinculante, el
Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (en adelante, PDCP) consignó, en
su art. 7: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a expe-
rimentos médicos o científicos”.
Sin embargo, no fue hasta la aprobación de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes (en adelante CAT, por su sigla en inglés), en 1984, que se contó con la
primera definición normativa de los mentados términos:
Se entenderá por el término “Tortura” todo acto por el cual se inflija inten-
cionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confe-
sión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha come-
tido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón
basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimien-
tos sean infligidos por un funcionario público, u otra persona en el ejercicio de
funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sea consecuencia
únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”
(Art. 1 CAT).
A nivel regional, por otra parte, existen múltiples instrumentos que consa-
graron la prohibición de las conductas referidas, en los diversos sub-sistemas
de protección internacional de los derechos humanos existentes en el mundo.
A escala europea, la interdicción se cristalizó en el art. 3 del Convenio Euro-
120 | REVISTA DE DERECHO PÚBLICO - AÑO 30 - NÚMERO 59 - NOVIEMBRE 2021
peo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamenta-
les, de 1950, y posteriormente en el Convenio Europeo para la prevención de la
tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, de 1987.
En lo que respecta al sistema interamericano, si bien el derecho a la integri-
dad física había sido reconocido por la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre (1948) en su art. 5, el art. 5 de la Convención Americana
de Derechos Humanos (1969) fue la primera disposición convencional en pro-
hibir las prácticas en cuestión. Más específicamente, sus arts. 5.1 y 5.2:
“Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene de-
recho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe
ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradan-
tes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a
la dignidad inherente al ser humano”.
Casi veinte años después, en 1987, entró en vigor la Convención Interame-
ricana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante, CIPST). Esta última
define las prácticas en cuestión en su art. 2, con importantes similitudes con la
definición universal ya citada, pero guardando también diferencias significati-
vas a su respecto:
“…se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el
cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con
fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo
personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se
entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de méto-
dos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capa-
cidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.
Pese a todo lo antedicho, la diferencia entre la tortura y los demás tratamien-
tos descriptos por los distintos textos normativos, no está inequívocamente tra-
zada o delimitada. A partir del art. 16 de la CAT, sin embargo, se ha postulado
que la distinción radica en una cuestión de grado
1
; noción que, por otra parte,
ya había sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante,
TEDH), por ejemplo, en el caso Irlanda vs. Reino Unido (TEDH, Nº 5310/71,
1978). Así lo ha sintetizado, entre otros, Diez Picaso: “(…) con los términos
“tortura” y “tratos inhumanos o degradantes” no se hace referencia a fenómenos
1 El art. 16.1 de la CAT establece: “Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción
otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define
en el artículo 1 (…)”.
ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE TORTURA, TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE... / PASQUET | 121
cualitativamente diferentes, sino que se trata de nociones graduadas dentro de
una misma escala” (Diez Picazo, 2013). Así, la tortura constituiría la forma más
grave y cruel de los tratamientos inhumanos y/o degradantes.
Con todo, tal como se verá, la CIDH no ha proferido, a la fecha, ninguna di-
ferenciación precisa entre los conceptos referidos.
Sin perjuicio de esta breve introducción –incluida a los efectos de proporcio-
nar un contexto normativo y jurisprudencial adecuado–, el objeto de presente
trabajo consiste en analizar el concepto de tortura manejado en la Sentencia de
la CIDH dictada en el caso I.V. vs. Bolivia, de fecha 30 de noviembre del año
2016. Dicha Sentencia condenó al Estado Plurinacional de Bolivia por la inter-
vención quirúrgica a la que fue sometida I.V., en un hospital público, el 1 de
julio del 2000. La intervención consistió en una salpingoclasia bilateral -ligadura
de las trompas de Falopio, en términos ordinarios- que se le habría practicado a
I.V. sin su consentimiento informado y sin que existiese una situación de emer-
gencia que la ameritara, conforme alegó la Comisión. A raíz de ello, I.V. habría
sufrido la pérdida permanente y forzada de su función reproductora.
La Corte, entendiendo que le asistía razón a la Comisión en su planteo, decla-
ró responsable a Bolivia por la violación de los derechos a la integridad perso-
nal, a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar, de acceso a
la información y a fundar una familia, reconocidos en los artículos 5.1, 7.1, 11.1,
11.2, 13.1 y 17.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
relación con las obligaciones de respetar y garantizar esos derechos y de no dis-
criminar contenidas en el artículo 1.1 de la misma, así como por no cumplir con
sus obligaciones bajo el artículo 7.a) y b) de la Convención de Belém do Pará.
Estimó, también, que el Estado boliviano era responsable por la violación de
los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, reconocidos en los
artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así
como por no cumplir con sus obligaciones bajo el artículo 7.b), c), f) y g) de la
Convención de Belém do Pará.
Por último –y en lo que aquí puntualmente nos interesa– determinó la res-
ponsabilidad del Estado de Bolivia por la violación del derecho a la integridad
personal reconocido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
De esta manera, la Corte efectúa, en la Sentencia a estudio, una interpreta-
ción del alcance de las disposiciones citadas, y del concepto de tortura y tratos
crueles, inhumanos o degradantes que, como se verá, se aparta de posturas más
122 | REVISTA DE DERECHO PÚBLICO - AÑO 30 - NÚMERO 59 - NOVIEMBRE 2021
tradicionales, consolidando nuevas lecturas.
En los párrafos subsiguientes, se procurará analizar dicha interpretación, sus
implicancias y consecuencias.
II. LA JURISPRUDENCIA DE LA CIDH SOBRE EL CONCEPTO DE TORTURA
Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS Y DEGRADANTES
Las primeras manifestaciones de la CIDH relativas a los conceptos aquí tra-
tados, se produjeron en el marco de procesos en los que se debatía la desapari-
ción forzada de personas, detenciones ilegales o condiciones ilegítimas de de-
tención. Los casos Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras (CIDH, Serie C Nº
6, 1989), Godínez Cruz vs. Honduras (CIDH, Serie C Nº 5, 1989) y Velásquez
Rodríguez vs. Honduras (CIDH, Serie C Nº 4, 1988), todos ellos resueltos por la
CIDH a finales de la década de los ’80, son ejemplo de ello.
Posteriormente, en casos como Loayza Tamayo vs. Perú (CIDH, Serie C Nº
33, 1997), Castillo Páez vs. Perú (CIDH, Serie C Nº 34, 1997) o Villagrán Mora-
les y otros vs. Guatemala (CIDH, Serie C Nº 63, 1999), en los que el tratamiento
de la tortura y los malos tratos también estuvo inserto dentro de los contextos
referidos supra, se vislumbra la influencia del TEDH y su abordaje de la temáti-
ca. En las sentencias aludidas, si bien la CIDH aún no ensaya una definición de
los términos en cuestión, releva algunos ejes conceptuales relevantes a la hora
de delimitar su significado, haciendo caudal de los desarrollos de su homólogo
2
.
Sin embargo, como destaca Bueno, no es hasta la Sentencia dictada en el caso
Cantoral Benavides vs. Perú (CIDH, Serie C Nº 69, 2000) que la CIDH postula
una definición, explicitando alcance y contenido, del concepto de tortura (Bue-
no, 2003). La Corte no ensayó, sin embargo, una distinción entre este último
concepto y el de tratos crueles, inhumanos o degradantes – distinción esta que
a la fecha, como se adelantara, todavía no ha formulado en sus fallos.
Hasta entonces, la aproximación al punto por parte de la Corte se producía
de modo similar al adoptado por algunos órganos del sistema universal, como
el Comité de Derechos Humanos. Este último ha tendido a referirse, en forma
genérica e indistinta, a “violaciones al art. 7 del PDCP”, sin distinguir ni definir
los distintos tratamientos que en este se mencionan
3
.
2 En estos fallos, la Corte hace referencia a conceptos como los “grados” de sufrimiento o la necesaria apreciación caso a caso
de los padecimientos atravesados, en virtud de su subjetividad y relatividad, aludiendo a pronunciamientos del TEDH como
los vertidos en el ya citado caso Irlanda vs. Reino Unido (TEDH, Nº 5310/71, 1978).
3 Al respecto pueden verse, por ejemplo, los informes del Comité de Derechos Humanos dictados en los casos “Bazzano y
Massera vs. Uruguay”, Asunto Nº 5/1977, o “Estrella vs. Uruguay”, Asunto Nº 74/1980.
ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE TORTURA, TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE... / PASQUET | 123
En el caso Cantoral Benavides, manifiesta la CIDH: “La Corte Europea ha sub-
rayado que entre los elementos de la noción de tortura del artículo 1o. de la Conven-
ción contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
está incluida la intervención de una voluntad deliberadamente dirigida a obtener
ciertos fines, como obtener información de una persona, o intimidarla o castigarla
(…)” (CIDH, Serie C Nº 69, 2000).
Posteriormente, transcribe la definición proporcionada por el art. 2 de la
CIPST, ya citada, enfatizando que los sufrimientos infligidos a través de un acto
de tortura, a la luz de lo establecido por la CIPST y también por la CAT, no tie-
nen por qué ser físicos para resultar comprendidos en el significado de tortura.
La noción de tortura psicológica, destaca la Corte, ha sido aceptada y profundi-
zada por la jurisprudencia internacional a lo largo de los años.
Sostuvo, a su vez, que de acuerdo con las consideraciones vertidas por el
Tribunal Europeo en el caso Selmouni vs. Francia (TEDH, Nº 25803/94, 1999),
“ciertos actos que fueron calificados en el pasado como tratos inhumanos o degra-
dantes, no como torturas, podrían ser calificados en el futuro de una manera dife-
rente, es decir, como torturas, dado que a las crecientes exigencias de protección
de los derechos y de las libertades fundamentales, debe corresponder una mayor
firmeza al enfrentar las infracciones a los valores básicos de las sociedades democrá-
ticas”. Estas expresiones dan cuenta de la diferencia subyacente –que según lo
transcripto, parecería ser también de grado a juicio de la CIDH– entre la tortura
y los demás malos tratos comprendidos en la prohibición.
Los criterios expuestos en este trascendente fallo fueron posteriormente re-
plicados en sendos pronunciamientos posteriores
4
, hasta que en el Caso Bueno
Alves vs. Argentina (CIDH, Serie C Nº 164, 2007), la Corte procura proporcio-
nar una definición analítica, más rigurosamente elaborada que las anteriores, de
los elementos constitutivos de la tortura. En dicha oportunidad, expresó lo si-
guiente: “(…) La Corte entiende que los elementos constitutivos de la tortura son los
siguientes: a) un acto intencional; b) que cause severos sufrimientos físicos o men-
tales, y c) que se cometa con determinado fin o propósito”. Acto seguido, procedió
a analizar la plataforma fáctica del caso en cuestión, subsumiendo los supuestos
de hecho acaecidos dentro de las premisas normativas elaboradas, exponiendo
la argumentación correspondiente.
A partir del Caso Bueno Alves, la Corte ha vuelto a aludir a la “triple compo-
4 Pueden verse, al respecto: Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala (CIDH, Serie C Nº 70, 2000), Caso Maritza Urrutia vs.
Guatemala (CIDH, Serie C Nº 103, 2003), Caso Tibi vs. Ecuador (CIDH, Serie C Nº 114, 2004) (2004).
124 | REVISTA DE DERECHO PÚBLICO - AÑO 30 - NÚMERO 59 - NOVIEMBRE 2021
sición” del concepto de tortura en otros asuntos en que estaba en juego la vio-
lación a los arts. 5.1 y 5.2 de la Convención Americana
5
. Esta conceptualización
es, quizás, la más acabada que haya proferido la Corte a la fecha con respecto
al punto –que por supuesto excede lo transcripto en el presente trabajo, que
intenta relevar sintéticamente sus aspectos más relevantes-.
Sin embargo, tal como se verá, en el Caso I.V. vs. Bolivia, la CIDH parece
apartarse de sus pronunciamientos previos, ya que no solo no hace referencia
a algunos conceptos fundamentales para la definición de la tortura o los malos
tratos, sino que parece haber modificado su postura sobre su significado, sin
una clara explicitación de argumentos o razones.
III. LA POSTURA DE LA CIDH EN EL CASO I.V. VS. BOLIVIA
La CIDH entendió, en el caso a estudio, que “la esterilización no consentida o
involuntaria a la que fue sometida la señora I.V., en las circunstancias particulares
de este caso que fueron expuestas, constituyó un trato cruel, inhumano y degradante
contrario a la dignidad del ser humano y, por lo tanto, configuró una violación del
artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de
dicho instrumento, en perjuicio de la señora I.V” (CIDH, Serie C Nº 329, 2016).
A la hora de fundar su postura, expresó, en primer lugar, que la comunidad
internacional ha ido reconociendo progresivamente que la tortura y los malos
tratos no solamente pueden darse en contextos de privaciones de libertad, de-
tenciones, investigaciones o interrogatorios. Si bien la normativa internacional
que protege a las personas contra tales violaciones se originó como respuesta
a prácticas abusivas en el marco de las instancias aludidas, hoy por hoy se en-
tiende pueden verificarse “en otros contextos de custodia, dominio o control en los
cuales la víctima se encuentra indefensa, tales como en el ámbito de los servicios de
salud y específicamente de la salud reproductiva” (CIDH, Serie C Nº 329, 2016).
En este punto, la Corte se remitió a un fallo anterior dictado en el caso Ximé-
nes Lopes vs. Brasil, donde abundó por primera vez en los conceptos de tortura
y malos tratos en el contexto de una hospitalización. Al respecto, en dicha opor-
tunidad, expresó: “En los entornos institucionales, ya sea en hospitales públicos o
privados, el personal médico encargado del cuidado de los pacientes, ejerce un fuerte
control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia (…)
La tortura y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante, cuando infligidas
5 Véase, por ejemplo, el Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador (CIDH, Serie C Nº 303, 2015) o Herrera Espinoza y otros
Vs. Ecuador (CIDH, Serie C Nº 316, 2016).
ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE TORTURA, TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE... / PASQUET | 125
a esas personas afectan su integridad psíquica, física y moral, suponen una afrenta
para su dignidad y restringen gravemente su autonomía (…)” (CIDH, Serie C Nº
149, 2006).
Así, la aplicación de los conceptos de tortura y malos tratos a contextos dis-
tintos de los que en un principio inspiraron la creación de la normativa, y, con-
cretamente, a situaciones desarrolladas en el marco de la prestación de servicios
de salud, no es novedad jurisprudencial de la Sentencia a estudio.
Sin embargo, en el caso I.V. vs. Bolivia la CIDH agrega otro elemento más
que, según postula, ha de tenerse en cuenta a la hora de determinar si existieron
o no violaciones al derecho a la integridad de las personas: la perspectiva de
género.
La incorporación de la perspectiva de género al momento de establecer si
hubo actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, se conecta con
y se justifica por otras dos consideraciones.
La primera guarda relación con la circunstancia de que existen prácticas
específicas que solamente pueden ejercerse contra las mujeres –es el caso de
la violencia obstétrica, por ejemplo– cuyo despliegue entraña, en frecuentes
oportunidades, discriminación en razón de su condición de mujeres. Así, como
explica el Relator Especial en Informe ya referenciado, “Los órganos internacio-
nales y regionales de derechos humanos han empezado a reconocer que los malos
tratos infligidos a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva pueden cau-
sar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales, provocados por motivos
de género” (Méndez, 2013)
La segunda se vincula con la dimensión subjetiva del concepto de violación a
la integridad física o psíquica – en la forma de tortura o en la de tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
La CIDH ya había profundizado sobre la relatividad del elemento “sufrimien-
to”, exigido como condición sine qua non para determinar la existencia de tortu-
ra o tratos indignos. En la Sentencia en análisis, cita el Caso Loayza Tamayo Vs.
Perú, donde la Corte manifestó: “la infracción del derecho a la integridad física y
psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones
de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles,
inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad
según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situa-
ción concreta (…) (CIDH, Serie C Nº 33, 1997). En análogos términos se expresó
en Sentencia dictada en el caso Herrera Espinoza y otros vs. Ecuador (CIDH,
126 | REVISTA DE DERECHO PÚBLICO - AÑO 30 - NÚMERO 59 - NOVIEMBRE 2021
Serie C Nº 316, 2016).
No obstante, en el caso de marras realiza marcado hincapié en el punto, des-
tacando la intransferibilidad y la imposibilidad de objetivación del sufrimien-
to humano como características a tener especialmente en cuenta al evaluar su
grado, gravedad o severidad: “(…) las características personales de una supuesta
víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomadas
en cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue vulnerada, ya que
tales características pueden cambiar la percepción de la realidad del individuo, y por
ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación cuando son sometidas a
ciertos tratamientos. La Corte recalca que el sufrimiento es una experiencia propia
de cada individuo y, en esa medida, va a depender de una multiplicidad de factores
que hacen a cada persona un ser único. En este sentido, sería un contrasentido es-
cindir las experiencias pasadas de la forma como un individuo experimenta el sufri-
miento” (CIDH, Serie C Nº 329, 2016).
A partir de tales consideraciones, la Corte detalla in extenso los sufrimientos
padecidos por I.V. a raíz de la esterilización involuntaria de la que fue víctima.
Retomando el punto de la incorporación de la perspectiva de género en el análi-
sis de la existencia –o no- de tortura o malos tratos, en el caso concreto, la Corte
entendió probado el socavamiento a la integridad psíquica de la Sra. I.V. en vir-
tud de, inter alia, una desvalorización de ella como mujer que le ha provocado
sentimientos de vergüenza. Esto último está indisolublemente ligado a los es-
tereotipos de género que recaen sobre la mujer y su capacidad reproductiva, lo
que evidentemente no puede escindirse de la valoración acerca del sufrimiento
de cualquier mujer por verse sustraída –sin su consentimiento- de ella.
En relación a este último punto –el consentimiento-, sabido es que, para ser
válido en contextos como el de marras, ha de ser “previo, pleno, libre e informa-
do”, como desarrolla Blengio (Blengio Valdés, 2021). La Corte plasma extensas
y profundas reflexiones (véase p. 159 en adelante de la Sentencia a estudio)
en párrafos anteriores de la Sentencia, pero no las conecta con lo manifestado
sobre la tortura y los demás malos tratos. Este es un aspecto abordado por la
doctrina contemporánea y sumamente vigente, que quizás hubiera esclarecido
las nociones de tortura y malos tratos que subyacen a la decisión de la Corte de
responsabilizar a Bolivia en virtud de los arts. 5.1 y 5.2 de la Convención Ame-
ricana. Diez Picaso, por ejemplo, realiza importantes apreciaciones a partir de
la Sentencia Nº 120/1990 del Tribunal Constitucional de España, concluyendo
que “el derecho fundamental a la integridad física y moral protege al ser humano no
ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE TORTURA, TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE... / PASQUET | 127
solo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o su espíritu, sino también contra
toda clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titu-
lar”. Prosigue el autor: “esta afirmación es extremadamente importante porque, in-
cluso tratándose de intervenciones bienintencionadas y objetivamente idóneas para
producir un beneficio –como son destacadamente las de naturaleza médica – exis-
te un imperativo constitucional de previo consentimiento de la persona afectada”
(Diez Picazo, 2013).
Por otra parte, teniendo presente todo lo expuesto acerca de la jurispruden-
cia de la CIDH sobre torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, se
observa, en la sentencia a estudio, un apartamiento de los últimos desarrollos a
los que la Corte había arribado en relación a la conceptualización de la tortura.
En efecto, la CIDH había llegado a establecer el triple contenido del concep-
to de tortura, como ya fuera abundantemente referido, fijándolo en: a) un acto
intencional; b) que cause severos sufrimientos físicos o mentales, y c) que se
cometa con determinado fin o propósito. Sin embargo, en el análisis que vierte
en el Caso I.V. vs. Bolivia, parece dejar de lado el primer y el tercer elemento
configurativo de la conducta, para considerar suficiente uno solo: la causación
de sufrimiento.
Respecto del elemento teleológico (el fin o propósito perseguido), la exclu-
sión no resulta, en principio, objetable. Ello, porque la definición normativa de
la que tradicionalmente se ha valido la Corte para categorizar un acto (o con-
junto de actos) como tortura, no toma en cuenta, en sustancia, la idea de fin. El
art. 2 de la CITSP, cuando enlista las finalidades con las que deberán realizarse
ciertos actos para ser catalogados como actos de tortura, prevé: “(…) con fines
de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como
medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin” (el destacado nos perte-
nece); de manera que, en definitiva, el fin no hace al concepto.
Pero, además, porque en rigor –y al margen de lo que las normas prescriban–
no parece razonable exigir un propósito determinado para poder hablar correc-
tamente de tortura. Ello, porque como lúcidamente destaca Barrett (Barrett,
2001) si bien es verdad que, en muchos casos, la tortura se lleva a cabo con fines
u objetivos predeterminados, ello no ha de ser necesariamente así; una tortura
ejercida sobre un individuo por motivos exclusivamente sádicos, no deja de ser,
por tal circunstancia, una tortura. En palabras del juez Fitzmaurice, citado por
Bueno (Bueno, 2003), en opinión separada en el caso Irlanda vs. Reino Unido
“tortura es tortura cualquiera pueda ser su objeto e incluso si no tiene ningún
128 | REVISTA DE DERECHO PÚBLICO - AÑO 30 - NÚMERO 59 - NOVIEMBRE 2021
otro más que causar daño” (TEDH, Nº 5310/71, 1978).
Sin embargo, la ausencia del primer elemento – el de la intencionalidad o
deliberación – sí parece, al menos en principio, más problemática: no resulta
intuitivo ni natural imaginar una tortura –o un trato cruel, inhumano o degra-
dante – que no se proponga causar daño (como objetivo último o como medio),
que esté despojada de intención; una tortura “culposa”, utilizando terminología
penal.
Cierto es, no obstante lo antedicho, que existen posturas doctrinarias y ju-
risprudenciales que defienden el concepto de “tortura objetiva”; es decir, sos-
tienen que puede haber actos de tortura propiamente dichos, sin que exista una
intención de dañar. La Comisión Europea de Derechos Humanos, por ejemplo,
concluyó, en el caso Chipre vs. Turquía (Informe de la Comisión Europea de
Derechos Humanos para el caso Chipre vs. Turquía, TEDH, Nº 25781, 2001)
que existen tratos o penas objetivamente inhumanos, sin importar si hubo o no
intención de causar daño.
De cualquier manera, la postura de la CIDH en reiterados pronunciamientos
del 2007 a la fecha –como ya se ha señalado- consideró siempre el factor “in-
tencionalidad” como un elemento relevante a la hora de tipificar la tortura. Por
ello, su apartamiento de tal criterio en el Caso I.V. vs. Bolivia, sin explicación ni
justificación clara –dado que en ningún momento se detiene a abordar el punto-
resulta al menos llamativa.
IV. CONCLUSIONES
A lo largo de la historia de los distintos sistemas de protección internacional
de los derechos humanos, el concepto de tortura y de tratos crueles, inhumanos
y degradantes ha evolucionado, siempre a la luz del principio pro homine y cada
vez con mayor claridad y precisión en las definiciones. El racconto efectuado en el
presente trabajo da cuenta –con las limitaciones de este, claro está – de ello.
La Sentencia de la CIDH dictada en el Caso I.V. vs. Bolivia es una sentencia
interesante e importante por varios puntos de su contenido. Los desarrollos que
efectúa sobre el consentimiento informado y sobre el acceso a la información;
sus puntualizaciones sobre el derecho a la vida privada y familiar y sobre el
derecho a fundar una familia; las apreciaciones en torno a la relatividad o sub-
jetividad del sufrimiento a la hora de categorizar una conducta como tortura
o maltrato, tomado en cuenta las implicancias de aplicar a tal tipificación, una
perspectiva de género; todos estos aspectos son, sin duda, aportes valiosos que
ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE TORTURA, TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE... / PASQUET | 129
realiza el fallo estudiado.
Sin embargo, el apartamiento de los criterios hasta ahora por ella implemen-
tados para evaluar si una conducta encuadra o no en la calificación de tortura o
maltrato– sobre todo, la no consideración del factor intencionalidad o delibera-
ción– se advierte como susceptible de generar problemas interpretativos en el
futuro. Ello, por cuanto el único elemento que, según se extrae de la Sentencia
analizada, ha de tomarse en cuenta para determinar la existencia de tortura o de
los tratos aludidos, es la circunstancia de haber causado sufrimientos físicos o
mentales a la víctima. Y estos últimos –a diferencia de lo previsto por el sistema
universal, por ejemplo (art. 1 CAT) ni siquiera han de ser “graves” para encua-
drar en la definición de la CIPST (art. 2).
El apartamiento referido no es, necesariamente, un problema per se, sino que
lo es en el caso por carecer de justificación o explicación; máxime cuando la
definición a la que la CIDH ha recurrido tradicionalmente para definir la tortura
(el art. 2 de la CIPST) exige el elemento de la intencionalidad.
El rigor argumentativo, la claridad conceptual y la exhaustividad en la moti-
vación de decisiones jurisdiccionales también son garantías para los Estados y
para los individuos. La fundamentación de los fallos, máxime cuando provienen
de órganos cuyos pronunciamientos no admiten revisión posterior, es su me-
dida de legitimidad y la protección con la que cuentan los justiciables contra la
arbitrariedad. Por ello, a nuestro juicio, es imprescindible que sentencias que
tienden a flexibilizar los criterios de tipificación de conductas tan graves como
la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes – verdaderos crímenes
internacionales – sean especialmente minuciosas en sus justificaciones, atento
a la seriedad de sus consecuencias.
REFERENCIAS
• BÁMACA VELÁSQUEZ VS. GUATEMALA, CIDH, 25 de noviembre de
2000, Serie C, Nº 165.
• BARRETT, J. (2001). The Prohibition of Torture under International Law.
Part 2: The Normative Content. The International Journal of Human Rights,
5 (2), 3.
• BLENGIO VALDÉS, M. (2021). El respeto a la autonomía y el consentimien-
to informado con especial referencia a. En C. M. Uruguay, Temas de Bioética
(pág. 90). Montevideo: CMU. Recuperado el 20 de junio de 2021, de https://
www.colegiomedico.org.uy/libro-temas-de-bioetica/
130 | REVISTA DE DERECHO PÚBLICO - AÑO 30 - NÚMERO 59 - NOVIEMBRE 2021
• BUENO ALVES VS. ARGENTINA, CIDH, 11 de mayo de 2007, Serie C Nº
164.
• BUENO, G. (2003). El concepto de tortura y de otros tratos crueles, inhu-
manos o degradantes en el derecho internacional de los derechos huma-
nos. Nueva Doctrina Pena, 603-628. Recuperado el 18 de junio de 2021,
de http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2007/06/doctri-
na33168.pdf
• CANTORAL BENAVÍDES VS. PERÚ, CIDH, 18 de agosto de 2000, Serie C
Nº 69. Castillo Páez Vs. Perú, CIDH, 3 de noviembre de 1997, Serie C Nº 34.
• DIEZ PICAZO, L. M. (2013). Sistema de derechos fundamentales. Madrid:
Thomson Reuters, Civitas.
• FAIRÉN GARBI Y SOLÍS CORRALES VS. HONDURAS, CIDH, 15 de marzo de
1989, Serie C No. 6.
• GODÍNEZ CRUZ VS. HONDURAS, CIDH, 15 de marzo de 1989, Serie C No.
5.
• HERRERA ESPINOZA VS. ECUADOR, CIDH, 1 de setiembre de 2016, Serie
C Nº 316.
• I.V. VS. BOLIVIA, CIDH, 30 de noviembre de 2016, Serie C Nº 329.
• Informe de la Comisión Europea de Derechos Humanos para el caso Chipre
vs. Turquía, TEDH, 10 de mayo de 2001, Nº 25781/94.
• IRLANDA VS. REINO UNIDO, TEDH, 18 de enero de 1978, Nº 5310/71.
• LOAYZA TAMAYO VS. PERÚ, CIDH, 17 de setiembre de 1997, Serie C Nº
33.
• MARITZA URRUTIA VS. GUATEMALA, CIDH, 27 de noviembre de 2003,
Serie C Nº 103.
• MÉNDEZ, J. E. (1 de febrero de 2013). Informe del Relator Especial so-
bre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A/
HRC/22/53. Recuperado el 19 de junio de 2021, de Disponible en: https://
www.ohchr.org/documents/hrbodies/hrcouncil/regularsession/ses-
sion22/a-hrc-22-53_sp.pdf.
• RUANO TORRES VS. EL SALVADOR, CIDH, 5 de octubre de 2015, Serie C,
Nº 303.
• SELMOUNI VS. FRANCIA, TEDH, 28 de julio de 1999, Nº 25803/94.
• TIBI VS. ECUADOR, CIDH, 7 de setiembre de 2004, Serie C Nº 114.
• VILLAGRÁN MORALES Y OTROS VS. GUATEMALA, CIDH, 19 de noviem-
bre de 1999, Serie C Nº 63.
ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE TORTURA, TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE... / PASQUET | 131
• VILLÁN DURAN, C. (2004). La práctica de la tortura y los malos tratos en
el mundo. Tendencias actuales. En AA.VV, a prevención y erradicación de la
tortura y malos tratos en los sistemas democráticos: XXII Cursos de Verano
en San Sebastián, XV Cursos Europeos, Universidad de País Vasco (págs.
33-115). San Sebastián: Ararteko.
• XIMENES LÓPEZ VS. BRASIL, CIDH, 4 de julio de 2006, Serie C Nº 149.
Fecha de recepción: 20 agosto 2021.
Fecha de aceptación: 3 setiembre 2021.
